La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado lideró el encuentro nacional con oficinas jurídicas
- 38 entidades públicas fueron certificadas por implementar del 100% del Modelo Óptimo de Gestión
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó el encuentro nacional de oficinas jurídicas, con el fin de conversar sobre el fortalecimiento de la articulación entre la Agencia y las entidades públicas para la implementación de los proyectos prioritarios en defensa jurídica del Estado.
Cerca de 200 personas de las oficinas jurídicas del Estado, se reunieron para escuchar la visión estratégica de la defensa Jurídica del Estado en el cuatrienio por parte de la directora Martha Lucía Zamora, además del portafolio de servicios de la Agencia y las prioridades y ejes de acción en el 2023.
“Reconocemos el trabajo y la dedicación de las personas involucradas en el proceso de implementación durante estos 9 meses, que como resultado nos permite certificarlos el día de hoy", expresó la directora Zamora.
Por su parte, la directora de Políticas y Estrategias, Paula Robledo Silva, enfatizó en la transformación de la cultura de prevención del daño antijurídico. Además del impulso de los mecanismos de resolución de conflictos en los comités de conciliación: reglamentos, nuevas herramientas y programas de formación 2023. Terminó con el Modelo de Gestión por Resultados -MGR.
La directora cerró este encuentro con la entrega de certificaciones a las entidades que implementaron el Modelo Óptimo de Gestión en 2022, con el acompañamiento de la Agencia.
Me complace entregar la certificación a las entidades que a la fecha han cumplido con la implementación del 100% de las herramientas que componen el Modelo Óptimo de Gestión. Este Modelo, desarrollado por la Agencia, está compuesto por herramientas y metodologías estratégicas y prácticas que facilitan la identificación y el cumplimiento de obligaciones legales y otras que proponen nuevas actividades para fortalecer las funciones derivadas de la defensa jurídica, afirmó la doctora Zamora.
Con este espacio de trabajo de líderes jurídicos de las entidades públicas se continúa con el ejercicio articulado de la defensa de los intereses litigiosos del Estado desde el enfoque de la prevención del daño antijuridico.
