El Estado colombiano notificado en el caso Guzmán Medina y otros vs. Colombia
Bogotá, 20 de octubre de 2023 - Hoy el Estado colombiano fue notificado de la Sentencia Guzmán y otros vs. Colombia. Este caso se relaciona con la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, ocurrida en Medellín, en octubre de 2002, por las consecuencias de la “Operación Orión".
El fallo indica que entre finales de 2002 e inicios de 2003, los habitantes de la Comuna 13 vivieron las consecuencias de este operativo, donde el Bloque Cacique Nutibara de las Auto Defensas Unidas de Colombia, ingresó y se hizo hegemónico en la zona, y a su dominio le siguieron las desapariciones forzadas que se hacían con lista previamente conformada por paramilitares de dicho Bloque y de manera selectiva.
En la sentencia, la Corte destacó el reconocimiento pleno de responsabilidad realizado por el Estado a causa de la vulneración de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, a las garantías y protección judicial en perjuicio de los familiares de Arles Edisson Guzmán Medina.
En virtud de lo anterior, el Estado pidió perdón a las víctimas por el sufrimiento generado a causa de la desaparición forzada del señor Guzmán Medina y la falta de respuesta de las autoridades por los hechos mencionados.
La Corte resaltó las palabras de la directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien, en la audiencia pública del caso, afirmó: “en nombre del Estado pido perdón por el sufrimiento que la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán y la falta de respuesta de las autoridades ha generado en las víctimas. Soy consciente del impacto que este suceso ha tenido en sus vidas, el dolor causado por la desaparición de un ser querido es algo que no puedo describir, confío en que el reconocimiento que se ha hecho en esta audiencia pueda aliviar en algo el dolor que durante tanto tiempo ha persistido en cada uno de ustedes".
El Estado reafirma su compromiso inquebrantable con el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte en beneficio de las víctimas del caso. Lo anterior, en virtud de sus obligaciones internacionales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
