Comunicado a la opinión pública
Bogotá, 28 de julio de 2023 - A propósito de la decisión del Consejo de Estado que aún no se conoce, pero que se ha venido publicando sobre la revocación de algunas de las decisiones que había proferido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió la acción popular que en su momento interpuso la Procuraduría General de la Nación contra la Concesionaria Ruta del Sol SAS y sus socios (Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Investimentos Em Infra-Estructura Ltda) Estudios y Proyectos del Sol S.A. EPISOL S.A. y CSS Constructores S.A., por los actos de corrupción de la adjudicación del contrato de concesión de la denominada Ruta del Sol, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado considera importante informar a la opinión pública lo siguiente:
1. En dicha acción popular el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había resuelto el 6 de diciembre de 2018 que la Concesionaria Ruta del Sol SAS, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia SAS, EPISOL SAS, ANI y algunos directivos de estas empresas, al igual que el ex Viceministro de Transportes Gabriel Ignacio García Morales, habían vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa por la comisión de los actos de corrupción que después de la celebración del contrato de concesión se conocieron. De acuerdo con la decisión que aparece publicada en la página de la rama judicial esta decisión se mantuvo y no fue revocada por el Consejo de Estado, sin embargo, si revocó la decisión del Tribunal Administrativo que había declarado solidariamente responsables a estas mismas personas por la generación de los perjuicios en cuantía de $800.156'144.362. También el Consejo de Estado revocó la inhabilidad que por 10 años había declarado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra todos los implicados para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos. Dado que aún no se conoce el texto de la sentencia, se desconoce la motivación de estas decisiones.
2. En ejercicio de las funciones que le asisten a la Agencia Nacional de Defesa Jurídica del Estado para defender los intereses litigiosos de la Nación, promovió la interposición de dos acciones judiciales contencioso administrativas, en las que actualmente interviene en contra de los implicados y participa activamente en las causas penales que se adelantan contra los mismos:
- Una acción de reparación directa en contra de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., CSS Constructores S.A. y Gabriel Ignacio García Morales que se les declare administrativa y solidariamente responsables todos los perjuicios y daños patrimoniales, que se le generaron a la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI como consecuencia de la celebración indebida del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, proyecto Ruta del Sol 2, que conllevó a la terminación anticipada del mismo en febrero de 2017. Esta demanda tiene unas pretensiones de $17.056 millones aprox.
- Una acción de controversias contractuales, para que se declare la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 002 del 31 de diciembre de 2012, que celebró la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. con el Ministerio de Transportes a propósito del proyecto vial Ruta del Sol. Esta demanda tiene unas pretensiones estimadas de $1.145.447.903.
- Aunado a lo anterior, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha iniciado su intervención en los procesos penales adelantados por la Fiscalía General de la Nación, respecto de los hechos delictivos en la adjudicación y ejecución de la Ruta del Sol II, para lo cual ha recibido poder de la Agencia Nacional de Infraestructura con el propósito de constituirse como víctima en los procesos que conforman una segunda etapa de imputaciones por dichos hechos, las cuales vienen realizándose desde el mes de junio del año en curso y en los que se busca judicializar a múltiples ex funcionarios de la ANI y algunos directivos de Odebrecht.
- De igual manera, la Agencia asistirá como apoderada de la ANI en algunos procesos penales que hacen parte de la primera etapa de imputaciones efectuadas por la Fiscalía desde el 2017. Casos que, por su avanzado estado, se encuentran en revisión para determinar las mejores estrategias de intervención.
Una vez el Consejo de Estado notifique la sentencia, se podrá brindar más información.
