Bogotá, 29 de mayo de 2014. – La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ve con preocupación la gran diferencia que existe entre las cifras que las entidades públicas reportan al Gobierno y a la Contraloría General de la República, sobre pretensiones de pleitos contra la Nación.
De acuerdo con información suministrada por las entidades a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE-, para diciembre de 2013 se reportaban 293.526 procesos judiciales activos en contra de las entidades públicas del orden nacional por un valor de $191.6 billones de pesos. El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y Colpensiones son las entidades más demandadas con 118.215 procesos, seguidas por entidades del Sector Defensa como la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con 20.970 procesos, Ministerio de Defensa Nacional con 18.031 procesos, la Policía Nacional con 14.715 procesos y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con 13.492 procesos. Igualmente existe una alta concentración de las pretensiones económicas de los litigios en sectores como Hacienda (22%), Comercio, Industria y Turismo (15%) y Fiscalía (10%). La Superintendencia Financiera de Colombia enfrenta pretensiones alrededor de $54.2 billones, seguida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con $45.1 billones, la Superintendencia de Sociedades demandada por $43.9 billones y la Fiscalía General de la Nación con $37.1 billones. Esta información se obtiene del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, Sistema administrado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuyo uso es obligatorio para todas las entidades públicas del orden nacional.
Sin embargo, hace unos días la Contraloría General de la República informó a la ciudadanía que las pretensiones de pleitos contra la Nación ascendían a $412 billones de pesos, cifra totalmente diferente a la que reporta la Agencia; por ello, se sentará en los próximos días con el ente de control y las diferentes entidades para determinar por qué se está reportando información diferenciada e inconsistente a los organismos encargados de vigilar la gestión de la actividad litigiosa del Estado.
Esta no es la primera vez que se observan estas diferencias y si se comparan los datos en años anteriores con la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Gobierno Nacional, se observará que las cifras son también diferentes. Es por esto, que es urgente que los órganos estatales unan sus esfuerzos en la estandarización y unificación de criterios para el reporte de información de las entidades públicas, así como su medio de recolección, para evitar: (i) la duplicidad en el conteo de procesos judiciales y las diferencias en el valor de las pretensiones de un mismo proceso cuando éste es reportado por dos o más entidades, y (ii) diferencias en el reporte de pretensiones a cada una de las entidades encargadas de vigilar la actividad litigiosa. Estas situaciones deben ser corregidas para no correr el riesgo de inflar el número y el valor real de las demandas contra el Estado, pero además, lograr un seguimiento efectivo a los riesgos fiscales asociados a la actividad litigiosa.
La Agencia ha avanzado en estos dos años de funcionamiento en la depuración y validación de información de demandas contra la Nación. Es así como, en el 2013, se lograron identificar más de 20.531 procesos por un valor de $8.2 billones de pesos, que las entidades aún no habían reportado y que por consiguiente no se estaban monitoreando ni contabilizando en el pasivo contingente judicial. También, en lo corrido del 2014, se han identificado 18.838 viejas demandas con pretensiones de $2.9 billones. Así mismo, se identificó que las entidades habían incurrido en errores al momento de reportar las pretensiones y con esa corrección se logró una reducción de $7.7 billones; por esto es necesario continuar con la labor de validación de información y unificar esfuerzos para que el reporte de las entidades sea único y veraz.
En este sentido, la Agencia ha emprendido una labor de articulación con otras entidades del Estado como la Contraloría General de la República, la Rama Judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para establecer de manera conjunta mecanismos que le permitan al país contar con información más precisa sobre el estado real de los litigios en contra de la Nación, lo que contribuirá a una mejor defensa del patrimonio público.
